El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Francisco Galván, ha declarado la apertura del juicio oral contra un total de quince acusados del caso Emalsa --altos ejecutivos de las empresas Saur, Valoriza y Satocan-- por su supuesto fraude a la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, que gestiona el abasto público en la capital grancanaria.

Respecto a las responsabilidades pecuniarias, según el auto con fecha 12 de febrero y notificado en estos días a las partes, se ha requerido una fianza de 25,3 millones de euros a trece de los acusados y de 2,3 millones de euros para los dos restantes como colaboradores necesarios.

Se les apercibe a todos ellos de que, en caso de no consignar estas sumas, se procederá al embargo de sus bienes "en cantidad bastante para cubrir esa suma", a no ser que acrediten ser insolventes.

Por su parte, la Fiscalía ha reclamado para trece de los acusados penas de seis años de prisión y doce meses de multa por el delito continuado de apropiación indebida; o alternativamente las penas de cuatro años de cárcel y 46,05 millones de euros por el delito continuado de administración desleal.

Mientras, a los dos restantes, el ministerio fiscal pide como cooperadores necesarios las penas de dos años y nueve meses de prisión y diez meses de multa por un delito continuado de apropiación indebida; o alternativamente dos años y nueve meses de prisión y 46,05 millones por el delito continuado de administración desleal.

Por su parte, el juez ha señalado que la apertura de juicio oral se justifica teniendo en cuenta los hechos objeto de investigación, ya que las actuaciones ofrecen "méritos suficientes" para exigir responsabilidad a determinadas personas en conformidad con el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Finalmente, este caso investiga supuestas irregularidades en una veintena de contratos suscritos por Emalsa entre los años 2008 y 2011.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha señalado que el auto de apertura de juicio oral sólo es susceptible de recurso en cuanto a la situación personal de los acusados; en este caso, en ningún sentido, ya que ninguno de ellos se encuentra en prisión preventiva.